Federación de Servicios Públicos

UGT ESTUDIA LA PROBLEMÁTICA GENERADA EN LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA A CONSECUENCIA DE LOS RECORTES.

La  problemática generada tiene dos aspectos: el económico y el que se refiere a la pérdida de derechos sociales.

Si a este recorte se le añade el incremento de los tipos de gravamen del IRPF para este 2012, la pérdida económica es más que evidente, con el pretexto de que se obtiene un puesto de trabajo para toda la vida se castiga al personal al servicio de la Función Pública y se obvia que en la Administración General de la Junta de Andalucía las tasas de temporalidad en el empleo son muy grandes, con lo que se desmonta el argumento principal, pero es más , en las épocas de bonanza económica como la que ha pasado no se han realizado aumentos en las retribuciones por encima en ningún caso del 1% anual mientras que el IPC subía por encima de este margen año tras año.

No existen cláusulas de revisión de sueldos que los equiparen a los IPC interanuales ni para el personal funcionario, cuyas retribuciones vienen dadas por ley ni para el personal laboral en su Convenio Colectivo

                En el apartado de pérdida de derechos sociales podemos citar: Retraso en la edad de jubilación introducida por la Ley 27/2011 así como el endurecimiento de las condiciones para acceder a la misma, a esto hay que añadir la eliminación de hecho de la jubilación parcial a partir del 1 de enero de 2013, supresión de la tasa de reposición de efectivos establecida en el Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de diciembre a 0, por lo que la pérdida de puestos de trabajo en la Administración es un hecho.

Asimismo se han producido recortes en los distintos capítulos de gastos de la Administración General de la Junta de Andalucía que provocan que no se cubran las bajas de larga duración, que no se realicen sustituciones del personal en sus períodos vacacionales, que no se cubran vacantes y que incluso no se entregue la ropa de trabajo en distintos centros de toda Andalucía. Es de destacar además que no se modernice el parque móvil en distintas Consejerías como por ejemplo la de Medio Ambiente u Obras Públicas que provoca un  aumento del riesgo en el puesto de trabajo, consecuencia a su vez de la no aprobación de un plan integral de prevención de riesgos laborales en la Administración de la Junta de Andalucía, que supone coste para las arcas de la Administración pero al que está obligada por Ley.

En este apartado podemos incluir además la problemática generada por la Conciliación de la vida Laboral y Familiar, en aspectos tales como los permisos por paternidad.

Todo ello deriva en una pérdida de calidad de los servicios públicos y de la universalidad de los mismos.