UGT GRANADA EXIGE A LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL QUE HAGA CUMPLIR LA ORDEN QUE REGULA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)

La Secretaria General de la UGT Granada ha solicitado a la Delegada de Igualdad y Bienestar Social una actuación inmediata y ejemplarizante por parte de la Consejería, frente aquellos ayuntamientos granadinos de más de 20.000 habitantes que incumplen la normativa que regula el SAD en Andalucía. Actuación que debería concretarse en la denuncia del convenio de colaboración suscrito con dichos Ayuntamientos. 

UGT ha venido denunciado sistemáticamente la actuación irresponsable de muchos Ayuntamientos que han optado por la gestión indirecta del SAD desde que se puso en marcha la Ley de Dependencia. Actuación que, en la práctica, ha supuesto mayor precariedad laboral para los trabajadores de la dependencia, con peores salarios y condiciones laborales distintas a las que gozaban y siguen gozando los trabajadores que ya venían prestando este servicio básico de los Servicios Sociales Comunitarios.   Pero lo más lamentable es, sin duda, la actitud de los responsables municipales que, al contratar con una empresa privada, no muestran la más mínima preocupación por los problemas laborales de los trabajadores del SAD y, más lamentable aún, que no se planteen la necesidad de tutelar la calidad del servicio que se presta a sus conciudadanos dependientes.
Y es que un aspecto importante a tener en cuenta, es el deterioro del servicio que se presta a los ciudadanos, ya que resulta difícil hablar de calidad del servicio si no se fomenta la calidad del empleo de los auxiliares de ayuda a domicilio, en su mayoría mujeres.
Para la UGT de Granada, situaciones como la del Ayuntamiento de Almuñécar, que ha provocado la asfixia económica de la cooperativa de mujeres que gestionaba el servicio, para cederlo a una empresa “grande y solvente”  o la del Ayuntamiento de Granada, que ha permanecido insensible a las justas reivindicaciones de los trabajadores de CLECE y a las continuas denuncias del deterioro de la calidad del servicio en la capital granadina, no pueden volver a repetirse y exigen una respuesta urgente de la Administración andaluza. 
En Loja, Guadix y Baza también se incumple la normativa que regula el SAD, pero la situación no es con mucho tan grave como la descrita anteriormente. En cualquier caso, la Consejería debería actuar para evitar males mayores. La experiencia demuestra que es sólo cuestión de voluntad política.
De hecho, la  primera iniciativa que supuso una apuesta decidida por la calidad del servicio que se presta a los dependientes y por la calidad del empleo, cerrando la puerta a la  segregación del servicio y garantizando condiciones laborales y salarios iguales para todas las Auxiliares de Ayuda a Domicilio, se concretó en la Diputación de Granada para los municipios de menos de 20.000 habitantes y a instancias de la Federación de Servicios Públicos de la UGT de Granada.